Los alimentos del Plan Vida vendidos en Paraguay o por Internet o en comercios. Las becas para los hogares no se pagan desde el año pasado. El sistema de cupos y de costo por menú en los comedores generó manejos irregulares por su propia injusticia. Con 2.934 millones de pesos para planes sociales -de ésos 2.014 son para alimentos- en la Provincia hay problemas de hambre y de llegada de los recursos a sus destinatarios directos.
Con casi 3 mil millones presupuestados para planes sociales, el Gobierno de la Provincia no paga desde el año pasado las becas de los centros de día y hogares convivenciales, achica los cupos de los comedores escolares y des-controla la distribución de los alimentos del Plan Vida que terminan comercializándose en negocios del conurbano, en ferias afines a La Salada u ofreciéndose por Internet. La falta de control de los recursos -que están- afecta directamente a la vida de chicos brutalmente castigados por historias familiares que los derivan a hogares a los que el Estado retacea el dinero; afecta a la salud de aquellos a quienes deberían llegar los cartones de leche con sello oficial que se venden ilegalmente; afecta a la panza de los chicos que se alimentan en los comedores, donde los cupos "inflados" se utilizan para mejorar la comida o bien para negociar con un proveedor una repartija personal. Y siempre pierden los mismos.
Algunos de los números del presupuesto social de la Provincia, a los que pudo acceder EL POPULAR, hablan de 2.934 millones de pesos previstos para este año destinados a planes sociales.
La mayor parte -2.014 millones- está destinada al Programa de Seguridad Alimentaria, extensamente abarcativo, como supondrá cualquiera con un mínimo de sentido común, en tierras de enorme desigualdad social como las bonaerenses. Dentro de los 2.014 millones para el PSA, hay un plan y un servicio que sobresalen: el Plan Vida tiene asignados 1.096 millones. Y el Servicio Alimentario Escolar (SAE), 748.180.000. Ambos con profundos cuestionamientos en el control de los recursos y de cómo se decide su destino.
Pero tal vez uno de los programas de peor aplicación y con un retraso inadmisible en el giro de fondos es que el destina becas a centros de día, talleres protegidos y hogares convivenciales, donde asisten o directamente viven chicos de una vulnerabilidad extrema. Esas becas no se pagan desde el año pasado.
"Hace pocos días pagaron una mínima parte de enero y febrero", aclaró la senadora (Coalición Cívica - ARI) María Isabel Gainza, vicepresidente de la Comisión de Familia e Infancia del Senado bonaerense. Pero "hay hogares que todavía no cobraron nada". Las becas deberían cobrarse bimestralmente y cada una llega a un monto de 753 pesos. Con ese dinero -que se deposita en las cuentas de las instituciones "los chicos comen, se visten, en muchos casos van a la escuela, se divierten, se les paga a las personas que ayudan y hacen la comida de todos". Está claro que "es un dinero escaso como siempre y además hasta el 15 de abril nadie había recibido un solo peso en el año", recalcó.
"Los chicos que están en los hogares convivenciales son chicos con graves problemas, que han sido abandonados, abusados, maltratados, no tienen familia y si la tienen no pueden estar con ella por razones obvias". La descripción de la legisladora se amplifica dolorosamente en el testimonio de Araceli Gutiérrez (ver aparte), responsable de un hogar con 28 chicos.
Gainza sigue y traza crudamente las líneas de la historia: "se los saca de ese clima y se los lleva a un hogar donde hay gente valiosísima pero sin medios porque el Estado se los niega". Por lo tanto "los estamos condenando otra vez"; ya no al abuso ni al maltrato sino al hambre.
El presupuesto para el Plan Vida aumentó, para 2010, en 280 millones: pasó de 816 a 1.096 millones de pesos. Sin embargo, muchos de esos recursos quedan en el camino. No llegan a sus destinatarios directos, los chicos, ni a sus madres. Ultimamente han sido abundantes las denuncias por la comercialización de los alimentos del Plan Vida: leche con el sello oficial vendida en una feria similar a La Salada en Paraguay, por ejemplo. Un hombre que fue detenido cuando entregaba mercadería del Más Vida a un comercio. Pedro Gamaleri, intendente radical de Benito Juárez, denunció que el Municipio no recibía alimentos y que se los habrían entregado al ex intendente Julio Marini (PJ), que a la vez es titular de la firma estatal Buenos Aires Gas (Bagsa).
Ya existen dos denuncias presentadas en la Justicia federal y provincial por el caso de Paraguay; el diputado provincial Sebastián Cinquerrui (Coalición Cívica - ARI) aseguró que en marzo de 2008 se detectó leche del Ministerio a la venta no sólo en Paraguay sino, además, a través de Internet. En la Legislatura se presentaron proyectos que buscan indagar por qué agujero negro se esfuman los recursos que son destinados a la urgencias del hambre cotidiano de miles de familias. "El Estado provincial tiene que hacer un ordenamiento general. Pagar hoy, ya, las becas. Después reordenar la cantidad de dinero dispuesto en planes que no tiene ningún control. El dinero va y viene y es imposible detectar dónde termina", dijo la senadora Gainza.
La visita sorpresa de Olga Rouco, funcionaria del Servicio Alimentario Escolar, fue muy interesante para abrir otras discusiones. En 2010 el presupuesto provincial prácticamente duplicó el dinero destinado al SAE: 748.180.000, lo que implica 62 millones de pesos mensuales para 4.500 comedores que hay en la Provincia.
La progresión de los últimos años es la siguiente: en 2007 el SAE tuvo un presupuesto de 268.825.589 pesos. En 2008, 430.990.140. En 2009, 411.247.193, a noviembre. Se supone que se usaron más recursos. En tres años el presupuesto del SAE prácticamente se triplicó. Aunque este año el Ministerio decidió recortar los cupos con una explicación lábil: la asignación por hijo menguó la pobreza. Una discusión larga que el Ministerio va a perder. Porque la inflación ya licuó gran parte de la asignación, los chicos más marginales y que caminan apenas por los bordes del sistema asoman nuevamente a la escuela -con expectativas bajísimas y con dudosa continuidad- para que sus padres puedan cobrar a fin de año la parte de la asignación que es premio a la escuela y a la vacuna. Esos chicos van a ir a comer a la escuela. Y se van a encontrar con cupos recortados.
La presencia de la funcionaria del SAE en Olavarría dejó en claro que se utilizaban, en casos de buena voluntad, los cupos "inflados" para mejorar la comida de los chicos. Y en otros, "veíamos que la cantidad de raciones pedidas era muy superior a las reales pero sin embargo no se mejoraba la calidad". Una diferencia se pierde en otras manos y que puede incluir mecanismos dolosos. La funcionaria no lo descartó.
"Es una serie de complicidades", definió la senadora María Isabel Gainza. "Como la Provincia sabe que manda poco dinero por chico se permite que los demás la engañen diciendo que hay más chicos que los que hay para estirar la comida. Algunos la estiran como dijo la funcionaria y otros no". Entonces "hay que crear un sistema sano, limpio, transparente, que pueda ser controlado porque son dineros públicos y son nuestros chicos". En síntesis, "que ese dinero que llega se utilice para que los chicos coman y que coman bien".
Y dejó en claro que "es muy difícil que un proveedor pueda estar haciendo malabarismos en forma habitual sin que en algún momento sea detectado; si no se hace es porque no hay voluntad de detectarlo o porque hay complicidad".
Las conclusiones no son complicadas. El ajuste que se practica irresponsablemente sobre lo más indefenso y lo más flaco del tramo más castigado de la sociedad -cuatro meses sin el pago de becas a hogares- sería innecesario si se evitara el drenaje constante de alimentos y recursos a través de manos sucias. Simplemente con transparencia y control los recursos se multiplicarían, como panes y peces. Ni siquiera se pide revisar el sistema de prioridades, siempre tan desigual e injusto. Sólo transparencia y control, como lo único posible. |