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Martín Lanatta y Víctor Schillaci, actualmente detenidos, emplearon un vehículo del organismo de inteligencia para regresar al país desde Paraguay, en abril de 2009. Así consta en un informe de Gendarmería incorporado a la causa.
Mauro Federico
La conexión entre dos de los acusados en la causa por el triple crimen de General Rodríguez y el gobierno nacional podría quedar al descubierto si se profundiza un dato surgido del expediente judicial que tramita ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de Mercedes.
Martín Lanatta y Víctor Schillaci –imputados por el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina– ingresaron al país el pasado 26 de abril a bordo de un automóvil propiedad de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Diputados de la Coalición Cívica presentarán hoy un pedido de informes en la Cámara baja bonaerense solicitando al poder ejecutivo y a Gendarmería que brinden información sobre estas vinculaciones que “podrían comprometer a funcionarios del gobierno nacional”.
El Informe número 134 de Gendarmería Nacional Argentina está fechado en agosto de 2009. Allí se deja constancia de que el 25 de abril de 2009, a las 0.56, los ciudadanos argentinos Martín Eduardo Lanatta y Víctor Gabriel Schillaci cruzaron la frontera argentino-paraguaya a través del puente San Roque González, que une las localidades de Posadas y Encarnación. Lo hicieron a bordo de una camioneta Toyota Hylux doble cabina 4x4 patente EXU 826 cuyo titular es Romina Valeria Tori.
Según consta en la causa judicial, Lanatta y Schillaci no viajaban solos. Con ellos iban Ricardo Oscar Posada y Carlos Ramón Rodríguez, quienes –según informes de la Superintendencia de Delitos Complejos– tienen dos causas relacionadas con infracciones a la ley 23.737 (drogas).
Pero el dato más escandaloso surge del análisis de la información relacionada con el reingreso de estos personajes al territorio nacional. De acuerdo a los partes suministrados a la Justicia por Gendarmería, Lanatta y Schillaci volvieron a pasar por el puente San Roque González a las 12.48 del día 26 de abril –unas 36 horas después–, esta vez en un vehículo Chevrolet Astra patente EXU 823, que se encuentra registrado a nombre de la Secretaría de Inteligencia del Estado, con domicilio en la calle 25 de Mayo 11, de la ciudad de Buenos Aires.
También agrega el informe de Gendarmería Nacional que “consultados los movimientos migratorios del dominio EXU-826 –la Toyota Hylux con la que salieron de la Argentina–, ese vehículo no posee otro movimiento registrado, lo que indicaría que nunca más volvió a ingresar al país hasta la fecha”. Sin embargo, la Superintendencia de Delitos Complejos informó oportunamente a la Justicia que dicha camioneta fue vista en la zona de Quilmes varias semanas después de estos episodios. Los investigadores sospechan que el vehículo pudo haber ingresado ilegalmente.
Consultado Leonardo Churín, abogado de Martín Lanatta, brindó a este diario una curiosa interpretación de los hechos. Para el letrado “se trata de un error de tipeo del gendarme que se encontraba de guardia al pasar los datos de dominio del vehículo en la planilla de migraciones, jamás mi cliente tuvo en su poder un automóvil perteneciente a este organismo oficial”.
PEDIDO DE INFORMES. “Existen indicios respecto a que el accionar criminal de la banda que asesinó a los tres empresarios poseería protección policial y política, sólo así se explica el nivel de impunidad con la que actuaban”, aseguró a Crítica de la Argentina Sebastián Cinquerrui, presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara de Diputados bonaerense. El legislador presentará hoy un pedido de informes al Poder Ejecutivo bonaerense para que solicite al gobierno nacional “detalles pormenorizados sobre los viajes que Martín Lanatta habría realizado a Paraguay y confirme si en alguno de estos viajes habrían ingresado al país en un automóvil marca Chevrolet modelo Astra, el cual revista en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SI) y, presumimos, en compañía de hombres vinculados a este organismo”.
Además, en la presentación se solicita al Poder Ejecutivo que informe a partir de qué fecha Lanatta figura con pedido de captura judicial en los sistemas de control migratorios SICaM (Sistema Integrado de Captura Migratoria) y SAG (Sistema de Antecedentes de Gendarmería).
Para Cinquerrui, “dada la gravedad de la situación, y que las actividades delictivas del nombrado se realizó principalmente en territorio bonaerense, y que es muy posible que la red de protección policial y política que los ayudó continúe funcionando al amparo de las sombras, creemos que constituye una obligación indelegable indagar sobre este tema y colaborar con la Justicia”.
Martín Lanatta es un oscuro personaje que cumplió funciones en el RENAR y a quien se lo vincula con el peronismo quilmeño. En ese marco, tras su detención, se le adjudicaron vínculos con Aníbal Fernández. Sin embargo, una y otra vez, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación se encargó de asegurar que ni siquiera lo conoce.
Prontuario que lleva al PJ quilmeño
En diciembre de 2009, diez allanamientos en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires arrojaron como resultado la detención de los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci y la posterior entrega de Martín Lanatta, quien se encontraba prófugo. Su hermano Cristian ya estaba recluido en el penal de Sierra Chica por un robo calificado, todos acusados de tener un rol protagónico en el homicidio de Forza, Ferrón y Bina.
A pedido del titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas Nº 1 de Mercedes, Juan Bidone, el juez de Garantías Marcelo Romero dictó el procesamiento y la prisión preventiva de los cuatro acusados.
Lanatta había usado sus influencias para que Forza adquiriera entre tres y cuatro armas de fuego. Y sus influencias son de peso: el mismo Andrés Meiszner, titular del Renar e hijo de José Luis Meiszner, presidente del club Quilmes, hombre de confianza del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y mano derecha del presidente de la AFA, Julio Grondona. |
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