Las primeras pericias confirman que los presos murieron asfixiados

Los cuatro detenidos de la seccional Noroeste Segunda fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Los colchones eran ignífugos y lo que quemaron fue parte de su ropa, según la Policía. El CELS criticó a los tres poderes.

Los cuatro detenidos que murieron el lunes tras un presunto motín e incendio en la comisaría de Lomas del Mirador sufrieron asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Al cierre de esta edición, otros 14 presos seguían internados. Voceros policiales dijeron que tres de los heridos están graves, uno de ellos un policía que permanece alojado en terapia intensiva en el Hospital Italiano.

Los fallecidos fueron identificados como Pablo Frías, Jorge Mota, David Moreira y Fernando Butaro, cuyas autopsias se realizaron en la morgue judicial de La Matanza. El informe preliminar indica que murieron asfixiados por inhalación de monóxido de carbono. Peritos de Gendarmería Nacional inspeccionaron la seccional -Noroeste Segunda de La Matanza- y levantaron rastros. A simple vista, los expertos establecieron que el incendio se inició en una de las celdas y, como los colchones eran ignífugos, lo que ardió fueron las prendas de vestir de los presos, de combustión rápida.

En tanto, ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) responsabilizó a los tres poderes de la Provincia por la muerte de los presos. Para la institución, el gobierno de Daniel Scioli, la Justicia provincial y el Parlamento bonaerense incumplieron “su obligación de velar por la vida e integridad de quienes se encuentran privados de su libertad”.

“La muerte de al menos cuatro detenidos y las graves lesiones sufridas por otros catorce y por tres policías son consecuencias directas de la política impulsada por el gobierno provincial, que motivó reformas legales regresivas e insiste en mantener a los detenidos por varios meses en comisarías”, consideró el CELS. Y denunció que “esta política de encarcelamiento masivo implica un claro incumplimiento” con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en 2005 declaró ilegal el alojamiento de personas en seccionales. El CELS aseguró que el gobierno provincial “impulsó una reforma legal similar a la que había sido cuestionada por la Corte Suprema y, ante la pasividad y condescendencia de gran parte de la Justicia provincial, volvió a aumentar el número de presos en comisarías, que ascendía a 4.552 en noviembre de 2009”.

Además, los diputados opositores Walter Martello y Sebastián Cinquerrui consideraron que lo sucedido “es una consecuencia directa del populismo penal irresponsable de Scioli”.