Droga, medicamentos y conexiones politicas

De eso no se habla: silencio estatal

La ruta de la efedrina sólo condujo a las dudas. Pero destapó peligrosos “negociados” entre las industrias de la salud y la clase política. Lo denunciaron jueces y fiscales. Muchos gobernantes prefieren no hablar, al igual que las obras sociales, que mantienen convenios con empresas acusadas de solventar campañas políticas. Las denuncias realizadas por la ministra Ocaña y la cruenta pelea por $ 1.700 millones

Hace seis meses, Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón estaban desaparecidos. El cálculo oficial es que los mataron el lunes 11 de agosto, pero en realidad la investigación es, hasta ahora, un fracaso resonante y no está claro ni cuándo los mataron ni por qué, tampoco hay noción de adónde estuvieron en General Rodríguez antes del asesinato y, sobre todo, cuál fue la mano de obra del triple homicidio y quién dio la orden. La llamada ruta de la efedrina  sólo llevó a las dudas y dejó al descubierto importantes -y no menos peligrosas- conexiones políticas, vinculadas al creciente tráfico de drogas en el país y el mercado negro de medicamentos.

Hubo operativos, detenciones, secuestros, allanamientos... mucho ruido, pero pocas nueces. Argentina, que hasta hace unos años era un país considerado “de paso” para llevar cargamentos de droga a Estados Unidos y Europa, se convirtió en un país productor. Y los cárteles se “mudaron” a territorio argentino. ¿Por qué? No existen leyes duras contra el narcotráfico en medio de una “ausencia estatal” y las sustancias que necesitan para fabricar estupefacientes no sólo tienen mayor disponibilidad sino que además se consiguen a un precio menor que en Colombia, Perú o Bolivia.

Los negociados que se tejen bajo la trama social y que benefician al mercado negro de medicamentos fueron denunciados por Hoy el viernes pasado, y horas más tarde, se conoció un informe firmado por 80 jueces y magistrados que denunciaron que la oferta y la demanda de drogas “registra niveles sin precedentes” en el país y que al perseguir a los consumidores “se ha distraído la atención en contra de los espacios de corrupción política y policial”.

A este delicado panorama se le suma las denuncias públicas sobre la mafia de medicamentos en el PAMI que realizó en reiteradas ocasiones Graciela Ocaña, la actual ministra de Salud que estuvo al frente de la obra social de los jubilados durante 4 años. El Kirchnerismo poco ha hecho por ir a fondo con las denuncias de “la homiguita”, que hasta fue víctima de amenazas de muerte. Incluso huho abiertas operaciones de funcionarios K para echarla del gabinete. Días atrás, Ocaña también protagonizó una dura pelea con los responsables de algunas obras sociales sindicales por el control de un fondo de $1700 millones de la Superintendencia de  Seguros de Salud.

Relaciones peligrosas

La ruta de la efedrina -que costó la vida de tres jóvenes empresarios en General Belgrano-, y la de miles de pibes en el país atrapados por la drogadicción, dejaron al desnudo peligrosas relaciones político - empresariales. Y salpicó la pollera del propio Gobierno nacional.

La fórmula encabezada por Cristina Fernández en las elecciones de 2007 percibió 14.947.390,06 de pesos en concepto de ingresos totales. Pero esta abultada cifra no salió de su propio bolsillo y, mucho menos, de los recursos del Frente para la Victoria (FpV): $ 1.637.388 fueron aportes públicos y los $ 12.740.000 restantes contribuciones privadas, según la denuncia penal realizada por el diputado nacional Fernando Sánchez y el diputado provincial Sebastián Cinquerrui, ambos de la Coalición Cívica.

Al analizar los fondos privados quedan bajo sospecha conexiones políticas de importantes industrias con el poder político, en este caso del Gobierno K -en especial, si se trata de empresas dedicadas a la producción de medicamentos-. Durante la campaña  de Cristina, la industria de la salud fue la que más fondos aportó: Inter Medicina SA, con $ 360.000, Droguería Urbana SA con $ 310.000, Multipharma SA con $ 310.000, Bristol Park SA con $ 376.000 y Global Pharmacy Ser SA con $ 310.000. Y entre las personas físicas que más aportaron -siempre según la denuncia-, se encontró a Carlos Luciano Torres, director suplente de Multipharma-salud, con $ 170.000, y Carlos Horacio Torresin, con $ 155.000 (ambos aportes con similar nombre e idéntico DNI, que totalizan $ 325.000). Conjuntamente Multipharma como persona jurídica y Torres, como persona física miembro del directorio de la empresa antes mencionada, totalizan el mayor aporte de la campaña con un monto de $ 701.000.

Sobre 104 empresas donantes, 28 están relacionadas con servicios de salud y medicina. Los aportes de estas compañías representan el 35,4% del total de los ingresos para la campaña recibidos por aportantes privados, con un monto de $ 4.512.000. Todas estas empresas de salud contratan habitualmente con el Estado Nacional o dependen de regulaciones y autorizaciones oficiales para operar en el mercado. Y, según se denunció, la mayoría ha firmado convenios con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), donde sus autoridades eligieron el silencio ante las reiteradas consultas de Hoy.

Sin control ni leyes

Este negocio -que preocupa, y mata a los jóvenes de nuestro país- pone en juego miles de millones de dólares. El mercado negro involucra a laboratorios e industrias, pero también al propio Estado, especialmente a partir de los manejos poco claros que existen en las obras sociales más importantes del país: PAMI y IOMA.

El Estado, según la denuncia realizada por los 80 jueces , “está ausente”. No  hay control sobre el mercado negro de medicamentos, que se utilizan para refinar, cortar o producir las drogas. Luis Niño, camarista en el fuero criminal y uno de los firmantes en la denuncia, explicó que “hay que buscar respuestas asistenciales y educativas. Lo que se intenta difundir es la idea de que ante un problema importante como lo es la adicción de los jóvenes a las drogas y el alcohol, el Estado debe dar respuestas asistenciales y educativas.

Para el camarista se podría hacer una comparación, tomando datos de interpol, de países como Holanda y los Estados Unidos. “Se podría evidenciar como en EEUU la batalla hasta el momento está perdida y en países como Holanda, con prevención y capacitación se está logrando que los jóvenes entiendan que la droga no es el camino. Si apuntamos a la represión, estamos errando el tiro. Desde el Poder Judicial, lo que estamos haciendo actualmente es victimizar a quienes ya están victimizados por el narcotráfico”, indicó.

En este complejo escenario, el Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia Aníbal Fernández, avaló el documento de los magistrados sobre el crecimiento de la droga, pero sólo atinó a defender las tareas que desarrollan los organismos de seguridad y los de inteligencia. También el gobernador Daniel Scioli ratificó que su gestión continuará con una “lucha a fondo” contra el narcotráfico. Pero los 80 jueces y magistrados fueron claros: “Se persiguió a los consumidores y no hubo la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial”. Y agregaron que “lo mismo puede decirse de una ausencia total del Estado en la regulación efectiva del mercado de medicamentos, en general, y del de psicotrópicos, en particular”.

Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica (CC), acusó al Gobierno nacional de no combatir el narcotráfico y a las organizaciones delictivas. “En la Argentina se está viviendo incipientemente algo que países como México o Colombia ya vivieron”, dijo.

La falta de políticas y leyes para controlar el flagelo de la droga en el país llevó a un cruce entre Nación y Provincia. La fiscal y asesora de Aníbal Fernández, Mónica Cuñarro le apuntó a Scioli: “El 90% de las causas iniciadas por la Policía bonaerense son en la vía pública y por escasa cantidad. La Bonaerense no investiga los casos graves de narcotráfico. La desfederalización de la ley de Drogas es un fracaso”.

Opinion

La creciente difusión de la droga

La ciudad de La Plata se ve conmovida frecuentemente por crímenes atroces que se cometen en el centro mismo del cuadrilátero urbano: asaltos que acaban en homicidio, aún sin robar nada. Lo mismo ocurre en otras ciudades y pueblos del país.

Por lo general, los delincuentes son jóvenes y en la interpretación que se hace de estos hechos se suele señalar que la droga, es decir el carácter tóxico-dependiente de esta gente, es la causa principal que los impulsa al crimen. A causa de la enajenación que produce la droga son capaces de despreciar hasta tal punto la vida, que matan por nada.

La atención acerca de la problemática de la droga parece más neta en la actualidad. Pero también se sabe que crece la elaboración, la distribución y el consumo de toda clase de drogas, sin que surja y se articule una reacción suficiente.

Muchas instituciones sociales y confesiones religiosas se prodigan en atender a las víctimas de este flagelo, sabemos que la recuperación es costosa y el éxito es, en proporción con los afectados, escaso. Entre tanto, sigue creciendo ¡y en proporción geométrica! la fuente de esta calamidad.

Es como el caso del saneamiento del Riachuelo. ¿Cuándo se va a convertir en un curso de agua saludable, donde la gente pueda practicar navegación deportiva o bañarse, si continuamente se siguen arrojando desechos industriales y toda clase de desperdicios? Bueno, con la droga pasa lo mismo.

Todos sabemos que es un problema muy grave y, sin embargo, no parece que las medidas que se adoptan para reprimir este tráfico sean eficaces.

Quiero recordar unas palabras del Cardenal Javier Lozano Barragán, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, pronunciadas en una sesión especial de la asamblea general de las Naciones Unidas. Hablando de la represión del narcotráfico señalaba que “hay que combatir la organización mercantil y financiera internacional de la droga, hay que formar un frente compacto que se empeñe en denunciar y perseguir legalmente a los traficantes de muerte, hay que abatir las redes de la disgregación moral y social, hay que poner un freno eficaz al expandirse del mercado de sustancias estupefacientes”.

También dijo que era necesario “que salgan a la luz los intereses de quien especula en este mercado, se exige que sean identificados los instrumentos y mecanismos de los cuales se sirve y, entonces, proceder a su coordinado y eficaz desmantelamiento”. Se refería a la extensión mundial del narcotráfico y sus consecuencias.

Hay que comprender que el problema es gravísimo. Es preciso crear conciencia, no tener miedo de hablar, gritar alarma, hasta que se forme un clamor popular que obligue a las autoridades responsables a empeñarse seriamente en identificar y desmantelar esas redes de disgregación moral y social.

Monseñor Héctor Aguer

Arzobispo de La Plata

Recortes en un sector clave

Varios minutos dedicó el gobernador Daniel Scioli al tema más sensible de los bonaerenses en su discurso inaugural de las sesiones de la Legislatura: la seguridad. Asumió la lucha contra la droga como uno de sus principales objetivos de gestión. Y hasta habló del dolor que le producen las Madres del Paco.

Sin embargo -una vez más- los dichos no se corresponden con la realidad que atraviesa la Provincia. El presupuesto total a la subsecretaría de Adicciones de la Provincia asciende a $51 millones.

Pero ¿cuál es la situación para 2009? Según anunció Scioli este año el presupuesto será de
$ 45 millones de pesos, es decir, 6 millones menos que el año pasado.

Así, según denuncias recibidas en Hoy, en 2009 se gastarán $ 24 millones en personal, $ 10 millones para la atención de todo el sistema; $ 5 millones en subsidios a entidades y el resto en atención y lucha contra la drogadicción.

En tanto, el fondo Lucha contra la Drogodependencia, creado por la ley 10.785, no tiene recursos asignados.

Una estadística inquietante

Argentina tiene la tasa más alta de consumo de cocaína en el Cono Sur y la segunda más alta del continente americano, después de los Estados Unidos.

El dato surge del último Informe Mundial de Drogas que produjo la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, difundido hace dos semanas.

Según el documento, la cantidad de argentinos de entre 12 y 65 años que consumió cocaína al menos una vez aumentó un 36,84% entre 1999 y 2006.

El estudio indica que el 2,6% de la población argentina tomó cocaína al menos una vez al año. Ese porcentaje llega al 2,2 en Perú, 1,9 en Bolivia, 1,5 en Chile y 1,4 en Uruguay, por citar sólo los primeros puestos. En cuanto a marihuana, Argentina está segunda en Latinoamérica, detrás de Chile. Otro dato relevante del informe es la elevada posición que tiene la Argentina en el ranking mundial de kilos incautados de cocaína y marihuana, lo que según los expertos indica que es un país de tránsito y de consumo de drogas.