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El juez Norberto Oyarbide los dejó presos por el supuesto delito de asociación ilícita. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña había señalado al empresario como un “Yabrán farmacéutico” que actuaba con la complicidad del sindicalista.
Luciana Geuna
Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay, acababan de cerrar la puerta de la casa de la calle Quintana cuando un grupo de policías de la división técnica de la Federal los frenó con una orden de detención. Néstor Lorenzo todavía no tenía en mente salir a la calle hasta que le golpearon la puerta de Senillosa 957 y se lo llevaron preso. Eran las siete y media de la mañana y el juez Norberto Oyarbide había mandado a encarcelar al jefe de La Bancaria, a su mujer y al empresario farmacéutico como miembros y jefes de una asociación ilícita destinada a la comercialización de medicamentos adulterados. En un operativo simultáneo se llevaron también a la número dos de la Obra Social de La Bancaria, Susana Fionna, y a dos socios de Lorenzo, Juan Carlos Torres y Sergio Blanco, y a su secretaria todo terreno, María Victoria Berisso. Todos serán indagados mañana.
Con estas medidas, el juez retoma la ruta principal de la megacausa por la mafia de los medicamentos en donde los investigadores tratan de reconstruir una matriz de irregularidades en la comercialización de remedios de alta complejidad que incluye droguerías, obras sociales y hasta subsidios del Estado nacional a través de la Administración de Programas Especiales (APE). La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, había señalado a Lorenzo como “el Yabrán de los medicamentos”. Tres meses después de detenerlo por primera vez –y luego liberarlo–, ahora el juez cree que tiene las pruebas suficientes para tomarle declaración al empresario y al sindicalista como jefes de una banda que lucraba con los remedios. Zanola maneja a los bancarios desde hace dos décadas y cuenta con la simpatía permanente del matrimonio Kirchner, que mantiene la boca cerrada sobre su destino desde que comenzó este escándalo.
En estos meses, la secretaría Nº 9, a cargo de Carlos Leiva, procesó, junto a tres empleadas del juzgado, la información que había en 1.000 cajas con expedientes de pagos del APE a la obra social de La Bancaria (OSBA), 200 cajas de documentación retiradas en los allanamientos y 100 CPU de computadoras incautadas que todavía están siendo peritadas. Las cintas con las escuchas al dueño de San Javier ocupan todas las paredes del despacho del jefe de la División Técnica de la Federal, Néstor Roncaglia. En esas conversaciones, hay diálogos “muy jugosos”, según dijo en su momento el propio magistrado, entre Lorenzo y Héctor Capaccioli, el ex superintendente de Servicios de Salud y ex recaudador de campañas K. En el marco de esta causa, el juez descubrió el año pasado que a pesar de que no aparecía con su nombre como aportante de Cristina Kirchner en 2007, Lorenzo tenía en su poder recibos de pago de socios y gente de su entorno por casi un millón de pesos.
En el camino de los vínculos políticos, el juez mandó ayer a detener al ex subsecretario de Salud, Alberto Costa, quien hasta el cierre de esta edición no se había presentado porque estaba a la espera de que Oyarbide responda sobre un pedido de eximición de prisión que presentó su abogado, Fernando Burlando. Al ex funcionario –despedido luego de conocerse su rol en esta causa– lo escucharon hablando con Lorenzo sobre negociados para la distribución de Oseltamivir, la droga contra la gripe A. Fue en el medio de la pandemia que asustaba al país.
Las derivaciones de este expediente todavía no son calculables. En el juzgado descansan ahora las copias de los 39 cuerpos de la causa por el triple crimen de General Rodríguez donde las hipótesis sobre los culpables de la muerte de los empresarios mezclan la efedrina con el negocio de los medicamentos. De ese material, los investigadores tomaron testimonios que ayudan a seguir la pista de los remedios adulterados. En el juzgado Nº 5 también están seguros de tener entre sus pruebas algunas pistas inéditas que podrían resolver los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.
La pista de los funcionarios
Los diputados de la Coalición Cívica reclamaron que la Justicia avance sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos que permitieron el negocio de la venta de medicamentos truchos a las obras sociales. “Es valiente la decisión tomada por el juez federal Norberto Oyarbide al detener a los empresarios y sindicalistas responsables de la mafia de los medicamentos, pero aún falta avanzar en las responsabilidades penales de los funcionarios públicos implicados”, sostuvo Sebastián Cinquerrui.
El diputado Fernando Sánchez reclamó, en tanto, que se cite al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli y al ex ministro de Salud Ginés González García, al advertir que “sin la complicidad de los funcionarios, sin la intervención de ellos, no existe este negocio que persiste en el tiempo y en el que se malversa tanto dinero de los trabajadores”. Agregó que “la Justicia debe accionar sobre los sindicalistas y empresarios del sector, pero debe incluir también a funcionarios públicos como Capaccioli y Ginés”.
La Justicia busca la ruta del lavado de las ganancias
La cadena de irregularidades que intenta reconstruir el juez Oyarbide tiene su núcleo en los negocios supuestamente ilegales entre Lorenzo y Zanola. El primero era el proveedor universal de los medicamentos de alta complejidad de la obra social. La prestadora estaba en un descontrol financiero, pero logró sobrevivir, hasta que hace dos meses y medio el Gobierno dictó la intervención por pedido judicial. Hasta entonces, siguió recibiendo los pagos de la Administración de Programas Especiales (APE) para subsidiar los remedios contra el cáncer y el sida. Zanola creó un fideicomiso exclusivo con San Javier para garantizarle el pago con fondos públicos. Ocaña impugnó ese sistema y los bancarios cambiaron el proveedor por otra droguería, Nossal, que finalmente también estaría vinculada con Lorenzo. Oyarbide cree tener pruebas de que el empresario no sólo era el beneficiario universal, si no que, en supuesta connivencia con Zanola, además falsificaba troqueles y enfermos para cobrar más subsidios. La Justicia también supone que falsificaba remedios o los vendía vencidos. La ruta de esos millones supone ganancias ilícitas que tienen que haber sido “lavadas”. Siguiendo esa pista, el juez llegó a la cooperativa de crédito Vernet, vinculada con Lorenzo; y el viernes pasado también allanó Amigal, otra cooperativa por donde, presuntamente, pasaban cheques de La Bancaria. Ambas funcionarían como cuevas financieras. La semana pasada, la Unidad de Información Financiera exigió a las cooperativas que cumplan con la ley antilavado. |
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