La lista de los aportantes a las campañas oficialistas está repleta de droguerías con acusaciones penales

Las relaciones entre el kirchnerismo y empresarios de la medicina que donaron millones para la política. Baires Med y Unifarma, que saltaron a la luz con el triple crimen de General Rodríguez, no están solas.

Los nexos entre un sector del mercado farmacéutico y el poder político no se terminan en las sociedades vinculadas con las víctimas del triple crimen de General Rodríguez: además de Baires Med y Unifarma, hay más droguerías –hasta ahora desconocidas– que aportaron fondos para campañas electorales del kirchnerismo y están bajo la lupa judicial por distintas irregularidades. Varias de esas empresas están relacionadas con las sociedades de los empresarios muertos.Droguería Urbana S.A. es uno de esos casos.

Entre sus directores está Marcos Daniel Hendler, de 46 años, un hombre que se repite llamativamente en el entramado de estos negocios y que entregó, a través de esa sociedad, $310.000 para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. En septiembre de 2006, Hendler fue designado gerente de Audifarm S.A., una empresa de servicios farmacéuticos orientada al campo de la seguridad social que también realizó donaciones para la fórmula Kirchner-Cobos. Según el balance presentado ante la Justicia por el Frente para la Victoria, uno de los aportes fue de $100.000, realizado el 22 de octubre de 2007, y otro de $40.000, el 26 de diciembre.

Hendler está relacionado además con la farmacia de la calle Viamonte 1483, de la cual se desprendió en marzo pasado, y que desde hacía un corto tiempo regenteaban Sebastián Forza, uno de los tres empresarios asesinados en General Rodríguez, y Ariel Vilán, el joven que se suicidó arrojándose del noveno piso del departamento de sus padres en Boedo. Ese lugar fue escenario de un extraño episodio: el 30 de mayo pasado Forza encontró en la farmacia una silla de ruedas con un mensaje intimidante: “Ahora te perdonamos la vida.

La próxima vas a tener que usar la silla de ruedas para siempre”. Así lo denunció el propio Forza en la Comisaría 3ª tres días después del hallazgo. Forza, Vilán y Hendler tienen puntos en común: están vinculados con la farmacia de la calle Viamonte 1483, los tres aportaron dinero para la campaña presidencial K y tienen procesos judiciales abiertos por el sinuoso accionar de sus emprendimientos. La otra característica que los une es que, a pesar de esos problemas con la Justicia, los tres seguían operando y haciendo buenos negocios con sus empresas del rubro de la salud, un mercado donde siempre los dineros públicos y las influencias sobre el Estado juegan el papel más destacado.

En el Juzgado Federal Nº 5 avanza una megacausa sobre presunto tráfico de mercaderías peligrosas para la salud. El juez Norberto Oyarbide investiga a un grupo de droguerías y farmacias que comercializaban medicamentos de alta complejidad, que tenían etiquetas cambiadas o el envase adulterado. Esta maniobra ilegal se constató en partidas de Ritonavir Abbot y Kaletra, dos remedios usados en los tratamientos de pacientes con sida, que se venden a precios altos.

En ese expediente judicial están siendo investigados Baires Med –de Forza–, Unifarma –del suicidado Vilán– y también aparece mencionada la firma Droguería Urbana S.A., el dato que más inquieta por estos días al Gobierno debido a los inocultables lazos de Hendler con funcionarios con la letra K grabada en su ADN. Según consta en la causa, la farmacia Dodera, una de las que comercializaron los productos adulterados, declaró que los compró a esa sociedad.

La lista de droguerías generosas con el oficialismo investigadas por la Justicia no termina ahí. Creada en 2004, Núcleo Farma S.A. es otra de las firmas que colaboraron con la campaña de Cristina. Hizo seis desembolsos de dinero, entre el 19 y el 26 de octubre de 2007, por $50.000, $25.000, $25.000,$ 25.000, $25.000 y 50.000 pesos. Su nombre figura en una causa penal que investiga la venta de medicamentos contra el sida sin respetar las obligaciones legales.

En esta maniobra también participaron Baires Med y Unifarma, que aportó $160.000 para la campaña. Ambas vendían el medicamento Kaletra con la leyenda de origen borrada o parcialmente visible. En la mayoría de los casos podía leerse que se trataba de partidas que pertenecían al Programa Nacional de Sida. Los detalles de estas irregularidades están en el Juzgado Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadío.

Otra maniobra oscura del submundo farmacéutico alcanza cuatro firmas que fueron generosas con los procesos electorales K: la ya conocida Bairesmed –de Forza–, Droguería del Plata (que aportó $50.000 en 2007), Eglis (que donó $25.000 en la campaña por las elecciones legislativas de 2005, en la Capital, en la que Rafael Bielsa era el canditato kirchnerista) y Droguería Plaza (que donó $25.000 en 2005 y $5.000 en la elección presidencial de la fórmula Néstor Kirchner-Daniel Scioli, en 2003).

Según esta causa, número 54.449/06, Bairesmed y Droguería del Plata son el primer eslabón de una cadena ilegal en la que están acusadas de adulteración o comercialización de medicamentos. Ambas habrían vendido esos productos a Eglis y Droguería Plaza.

En la Fiscalía de Pompeya se tramita un expediente complejo que apunta a la droguería San Javier, que el 16 de abril pasado fue allanada a raíz de una denuncia que aseguraba que la empresa le vendía medicamentos oncológicos adulterados a la Policlínica Bancaria. Esa droguería es manejada por Carlos Horacio Torres, quien a su nombre donó $155.000 y $170.000 para la campaña de CFK. Su otra firma, Multipharma, también figura en la lista de aportantes del Frente para la Victoria. En total, Torres desembolsó $ 701.000 a la campaña de Cristina Kirchner.

En su descargo judicial, San Javier afirma que le compró los medicamentos ilegales a Bairesmed. Otra vez, el círculo vuelve a cerrarse en el entorno de Forza. Sin embargo, fuentes judiciales consideran que este empresario de 34 años asesinado con siete tiros no es la persona que manejaba el negocio ilegal que permanecía oculto hasta que aparecieron tres cuerpos baleados en General Rodríguez.

(Más información sobre el triple crimen en páaginas 28-29)

Proveedores del Estado y aportantes

Entre 2003 y 2007, las campañas electorales del kirchnerismo tuvieron entre sus aportantes empresas vinculadas con la salud que son proveedoras del Estado, según consta en la Oficina Nacional de Contrataciones. Están: Medic Técnica Santa Bárbara SA, Implantes SB SA, Eglis SA, Ormedic SRL, Hexal SA. Las firmas Farmaline SA y Droguería Del Plata están habilitadas en el registro de proveedores de la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Crítica de la Argentina, Héctor Capaccioli admitió conocer a muchos de los aportantes. Citó como ejemplo Implantes SB pero preguntó: “¿Cuál es su beneficio?”. En la oficina nacional de contrataciones podría estar la respuesta. Figura como proveedor. De todas maneras, la ley de financiamiento no inhibe los aportes de los contratistas del Estado. En su artículo 15 especifica que no podrán donar los sindicatos ni los concesionarios de obras y servicios públicos.

Denuncia de la Coalición Cívica

El viernes, Sebastián Javier Cinquerrui, diputado bonaerense de la Coalición Cívica, ratificó la denuncia por posible tráfico de influencias entre algunas de las empresas aportantes a la campaña del Frente para la Victoria y “quien sería el recaudador de la campaña, Héctor Capaccioli”, según consta en la declaración frente al juez Ariel Lijo. Esta causa es el primer resultado judicial de los llamativos cruces entre las droguerías de funcionamiento irregular y los aportantes a las campañas K.

La denuncia es penal porque la ilegalidad y los problemas económicos de estas sociedades no serían un impedimento para aportar, según la ley 26.215, de la justicia electoral. Esta semana, militantes vinculados con el Frente para la Victoria habrían consultado en el juzgado electoral de la jueza María Servini de Cubría si se investigaban los aportes de la campaña del oficialismo.

TEXTOS Y PRODUCCIÓN: Luciana Geuna, Jesica Bossi y Diego Schurman