Legisladores de la Coalición Cívica le pidieron a la Justicia federal que investigue el aporte de empresas privadas, en su mayoría del sector de la salud, a la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la Presidencia, en octubre de 2007.

La presentación fue realizada luego de conocerse que Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, titular de “la empresa Seacamp S.A. había sido aportante de 200.000 pesos para la campaña del Gobierno”.

Según la denuncia del partido de Elisa Carrió, Forza tenía “múltiples vinculaciones con el Estado Nacional, pese a su insuficiente solvencia patrimonial y a diversos reclamos judiciales en su contra”.

“Sobre 104 empresas donantes, 28 están relacionadas con servicios de salud/medicina. Los aportes de estas compañías representan el 35,4% del total de los ingresos para la campaña recibidos por aportantes privados, con un monto de 4.396.000 pesos”, sostiene la denuncia.

La presentación fue efectuada por el diputado nacional Fernando Sánchez y el legislador provincial bonaerense Sebastián Cinquerrui ante el juez federal Ariel Lijo.

Según los legisladores, “el binomio Cristina Kirchner-Julio Cobos, percibió 14.947.390,06 de pesos en concepto de ingresos totales en la campaña 2007, de los cuales 1.637.388 fueron aportes públicos y 12.740.000 privados”.