El Gobierno sabía que Forza vendía remedios ilegales un año y medio antes de aceptar su aporte para la campaña de Cristina.

Un año y medio antes de las elecciones de 2007, un organismo del Estado detectó que la empresa Bairesmed, que pertenecía al empresario asesinado Sebastián Forza, comercializaba medicamentos en forma ilegal. Sin embargo, funcionarios nacionales se contactaron con el laboratorio para hablar sobre el dinero que necesitaban para financiar la campaña del Frente para la Victoria. Ni el superintendente de Servicios de Salud y encargado de la campaña, Héctor Capaccioli, ni el ex ministro de Salud y entonces candidato, Ginés González García, podían desconocer esa información. El ente que había advertido la irregularidad de Bairesmed dependía de ellos, según la denuncia que ratificarán hoy ante la justicia los dirigentes de la Coalición Cívica Sebastián Cinquerruqui y Fernando Sanchez.

Consultado por este diario, Cappaccioli dijo: “Nosotros todo lo hicimos por derecha y Poder Ciudadano nunca objetó nada. La Coalición Cívica debería mirar primero para adentro. Gastó más de un millón en cartelería que no declaró”. “Que sigan haciendo oposición”, remató.

El 19 de enero de 2006, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) –a pedido del Instituto Nacional de Medicamentos–, le prohibió a la empresa de Forza que comercialice sus productos fuera de la Ciudad de Buenos Aires por haber violado las normas que regulan las ventas de drogas interjuridisdiccionales. La disposición de la ANMAT fue publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero de 2006.

A pesar de estar en el registro de empresas infractoras, Bairesmed Droguería de Seacamp S.A. apareció unos meses más tarde entre los principales aportantes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. “Creemos que el caso de Forza es la punta del iceberg de lo que podría ser el sistema de financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria”, afirmó Cinquerrui, diputado boanerense.Junto al legislador nacional Fernando Sánchez, ratificará hoy la denuncia en Tribunales.

Los diputados quieren que la Justicia determine qué relación existe entre los prestadores de salud y los responsables de la recaudación para la campaña.

“Necesitamos que la Justicia investigue el significativo aporte de empresas del sector de la salud en la campaña de la Presidenta, que constituye más del 30% de los ingresos en ese concepto”, afirmaron los legisladores.

Los denunciantes sospechan que entre los aportantes a la campaña del oficialismo hay empresas que pretenderían con ese dinero conseguir favores del Gobierno para sus negocios con el Estado. “Como mínimo, con el aporte a la campaña, Forza paga el derecho de piso para las contrataciones sobredimensionadas que mantenía con el Estado y para garantizarse otras a futuro”, afirmó Cinquerrui. El principal blanco de los diputados será Capaccioli, responsable legal del financiamiento del FPV. Según consta en la denuncia, pedirán que se lo investigue por el presunto delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” –con penas de uno a seis años de prisión– y por violación a la Ley de Ética Pública.